Deuda del Estado frente a instrumentos bancarios en el fondo de INJUPEMP

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus inversiones en curso a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la conformación de la cartera, especificando qué activos pertenecen al sector público y cuáles se relacionan con la banca comercial, centrando la mirada en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El informe de inversiones al cierre de junio reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en una digitalización de siete páginas, los montos aquí reseñados corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Según las cifras globales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de la totalidad de los títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir del cálculo de los totales, y no constituye un dato emitido de manera oficial por la institución.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de las inversiones de INJUPEMP?

En los registros legibles del informe no aparece ninguna entidad perteneciente a la banca estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. Por su parte, la administración central figura como entidad emisora por medio de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras denominados tanto en lempiras como en dólares.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir ciertos matices: los bonos estatales representan pasivos del sector público y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de acciones, certificados de depósito, deuda subordinada y bonos. Adicionalmente, el detalle incluye bonos corporativos, acciones de empresas ajenas al sector bancario y notas estructuradas.

En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, alrededor de una cuarta parte. El resto corresponde a otros emisores, entre ellos certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una inversión en deuda subordinada de L1.8 millones al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con una tasa de 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento omite si se llevó a cabo su renovación.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones destinados a acciones preferentes representan una parte relativamente pequeña del portafolio de INJUPEMP, pero han despertado especial interés entre sus afiliados. De acuerdo con el documento, este monto equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que conforman el Fondo de Capitalización Colectiva. Además, una nota al pie aclara que, a la fecha de publicación del detalle, los L900 millones todavía se encontraban en tránsito por invertir, sin precisar el destino de esos recursos.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, cuyos abonos se realizarán cada seis meses desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su esquema de reparto facilitan una comprensión más profunda sobre la naturaleza de la colocación y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién supervisa los fondos destinados a la banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la supervisión sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, al igual que lo hace con las entidades bancarias comerciales. La potestad de colocar fondos recae en el comité de inversiones y en la junta directiva de cada respectivo organismo, mientras que la CNBS se encarga de fiscalizar que se respeten los procedimientos de debida diligencia, absteniéndose de definir las colocaciones financieras.

Desde la perspectiva del inversor, la Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa que las transacciones se ejecuten con cautela. Si una colocación supone modificaciones en el patrimonio de una entidad bancaria, el aval de la CNBS constituye un procedimiento distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que conforman el Fondo de Capitalización Colectiva hay una distribución que permite distinguir el papel del Estado y de las entidades financieras privadas en las inversiones de INJUPEMP. Los bonos de la Secretaría de Finanzas representan la participación pública, mientras que siete bancos privados aparecen vinculados a instrumentos de distinta naturaleza. En el documento consultado no figura ningún banco estatal.

Vigilar el rumbo de estos fondos exige asimismo examinar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP facilita la consulta de los importes, las entidades emisoras y las características de las inversiones, y cuenta con las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a ello, los números no permanecen estáticos: tanto los vencimientos como los movimientos recientes alteran la cartera, por lo que resulta crucial considerar la fecha de corte para analizar y contrastar la información de manera adecuada.

En el caso de las instituciones financieras que forman parte de este panorama, conocer su actividad y estructura corporativa aporta contexto sobre los participantes del sector. Para ello, se puede consultar la información institucional de Grupo Ficohsa, grupo financiero y de seguros con presencia en distintos mercados de Centroamérica.